Lo advirtió el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tras la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa que garantizaba medicamentos gratuitos en centros de atención primaria de todo el país.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el impacto que tendrá la baja del programa nacional Remediar, al considerar que se trata de una medida que afectará de manera directa el acceso a medicamentos esenciales en todo el país. Las declaraciones fueron realizadas durante la mañana, en el marco de la habitual conferencia de prensa del Gobierno bonaerense.

“Es un atentado contra la salud pública y la violación de un derecho”, sostuvo el funcionario, al cuestionar la decisión del Gobierno nacional de interrumpir la provisión de fármacos en el primer nivel de atención.

Kreplak enmarcó la situación en el derecho a la salud garantizado en Argentina, tanto por la Constitución como por el funcionamiento histórico del sistema sanitario. En ese sentido, explicó que el esquema vigente aseguraba que los pacientes con enfermedades graves o de alto costo recibieran los tratamientos necesarios sin tener que afrontarlos de su bolsillo.

“Argentina es un país que ha consolidado el derecho a la salud hace mucho tiempo, porque el sistema garantiza que cualquier persona que tiene una enfermedad grave o de alto costo reciba los medicamentos, ya sea por el Estado o por una obra social”, señaló.

El rol del programa y su alcance

El ministro definió al programa como uno de los pilares del sistema sanitario nacional, al recordar que fue creado tras la crisis del 2001 con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos en los centros de salud.

En ese marco, detalló que la iniciativa permitía cubrir el 85% de las problemáticas de salud más frecuentes, tanto enfermedades crónicas como agudas, mediante la distribución de botiquines con alrededor de 80 medicamentos esenciales.

Entre las patologías alcanzadas mencionó diabetes, hipertensión, anemia, hipotiroidismo, Parkinson y asma, así como también afecciones agudas como infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y de la piel.

Además, subrayó la magnitud territorial del programa: llegaba a unos 8.000 centros de salud en todo el país, de los cuales cerca de 1.600 están en la provincia de Buenos Aires, garantizando cobertura a aproximadamente 20 millones de personas.

Kreplak vinculó la medida con otras decisiones recientes en materia sanitaria y advirtió que el sistema público ya viene absorbiendo una mayor demanda de medicamentos.

En ese sentido, apuntó contra la reducción en la entrega de fármacos a jubilados y pensionados:
“Cuando subió este gobierno, le quitó los medicamentos gratuitos a las personas mayores. Eso generó que uno de cada cuatro medicamentos que se entregaban a los adultos mayores ya no se entreguen más”.

Según explicó, esa situación derivó en una mayor presión sobre hospitales y centros de salud, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que debió incrementar la provisión para cubrir la demanda.

Dificultades para reemplazar el esquema

El funcionario remarcó que la interrupción del programa no solo plantea un problema presupuestario, sino también operativo, debido a la complejidad logística construida durante más de dos décadas.

“No hay forma económica, pero además no hay forma logística de construir un programa que tiene 24 años de desarrollo para llegar mes a mes a todos los centros de salud del país”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la falta de previsión en la implementación de la medida:
“No nos avisaron con anticipación diciendo ‘dentro de seis meses se acaban los medicamentos’, sino que lo hicieron en las vísperas de la temporada alta”.

Advertencia por el impacto sanitario

Kreplak alertó que la decisión se produce en un momento crítico del año, cuando comienza a incrementarse la circulación de enfermedades respiratorias y la demanda de atención en el sistema público.

“No tengo forma de exagerar el impacto que puede generar esto. Lo vamos a ver en quince días, en un mes, pero también a lo largo de los años”, sostuvo.

Finalmente, planteó que las consecuencias podrían ser estructurales:
“Esto va a generar que la vida en Argentina sea mucho más lesiva, más grave y peor”, y pidió al Gobierno nacional que revise la medida.