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La Sala I del Tribunal de Casación bonaerense resolvió que existen pruebas suficientes para que los diez efectivos de la Bonaerense sean juzgados. Tres de ellos afrontarán cargos por homicidio agravado por odio a la identidad de género, mientras que los otros siete deberán responder por encubrimiento y falsificación de documentos.